Uno de los cambios que ha aportado el nuevo gobierno en Catalunya, es una mayor transparencia y ética. Puede que no sean lo ideal, pero cuanto menos con el relevo en el cargo de la presidencia de los ferrocarriles de la generalitat. Desde el año 1994 estaban prohibidos los contratos blindados y ahora el cesado reclama los 360.000 euros que tenía firmados. El gobierno se niega a pagarlos, porque entiende que el contrato vulnera la ley, ya que se firmó posteriormente a entrar en vigor la prohibición.
Sorprende algún dirigente de CiU que defiendan que si se le debe indemnizar... Tal es el nivel de corruptelas que tenía CiU que lo pueden justificar todo? Y lo más preocupante, porqué no se sabía nada de estos contratos?
Ojalá estas muestras de transparencia no sean sólo un espejismo.
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