Nada, que otra vez con el tema, los papeles que salieron de Salamanca el viernes, ahora paralizados por una resolución in extremis de la audiencia nacional. Por una lado, pienso en que ganas de tocar las narices, presentando un recurso que no tiene base: los documentos que se trasladaron son los que constan en un convenio del año 1.982 entre la Generalitat y el ministerio, y que se acabaron de microfilmar y clasificar en 1.985. Según la ley que permite la devolución, estos son los que se debían devolver antes de 3 meses, dejando para más adelante los no clasificados ni microfilmados.
Aún así, el caso no me preocupa, porque se están aplicando las leyes, y con las garantías judiciales oportunas. Algo muy distinto a lo que pasó en 1.939 cuando fueron incautados estos documentos y papeles. Ahí no hubo garantía ni derecho alguno, de haberlos, estos papeles nunca hubieran salido de las manos de sus legítimos dueños, que nunca pudieron reclamarlos en la dictadura, ni hacer valer sus derechos.
Me alegro que la justicia pueda actuar, en todos los procesos pueden los abogados y partes hacer todo tipo de argucias legales para dilatar el caso. Lo único es que en este caso, parece ser una maniobra política muy bien orquestada para mantener ese clima de crispación y de buscar sólo el enfrentamiento, en el que para unos todo vale, y poder volver al poder. Espero que no se salgan con la suya.
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